Lunes 22 de Abril de 2024

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       La principal promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido, desde que era candidato, acabar con la corrupción, pero por más veces que hado por erradicado ese grave delito, haasta ahora ha quedado a deber.

         Lo peor es que ha sido el propio jefe del Ejecutivo el culpable de que perdure la corrupción y que afecte seriamente al gasto del gobierno federal. Esto porque el propio inquilino de Palacio Nacional ha ordenado que se mantenga bajo reserva gran parte de la información relacionada con el costo de sus obras, pues los especialistas en investigación criminal afirman que el único delito perfecto es el que no se conoce, el que no se denuncia.

         Lejos de corregir esa falla, López Obrador está empeñado en desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que la única instancia pública que ofrece al ciudadano común recibir información confiable acerca de la forma como se gasta el presupuesto federal y, eventualmente, dejar al descubierto posibles desvíos ilegales.

         Para empezar la información debería iniciar con la forma como se asignan los contratos de obra, en particular dejar en evidencia las asignaciones directas, que son las que más se prestan a actos de corrupción, por lo cual estaban prohibidas antes del actual sexenio, donde se les encubre mediante el recurso de declararlas de interés nacional.

         De triunfar la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum Pardo, esta situación continuará los venideros seis años.

         Dar facultades a la ASF para sancionar a funcionarios corruptos.

En cambio, la aspirante presidencial del bloque opositor Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, ha salido en defensa del mencionado INAI, pero no sólo eso, también ha destacado la necesidad de reforzar a otro organismo fundamental para descibrir irregularidades en el gasto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo dependiente de la Cámara de Diputados federal. Teóricamente, era una forma, ajena al Ejecutivo, de vigilar el adecuado ejercicio del gasto federal, pues se trata de otro poder y es esa Cámara la que aprueba el presupuesto.

         Gálvez Ruiz, advirtió que, de ganar las elecciones, los funcionarios corruptos, “por cada peso que se roben, van a regresar dos”.

En un encuentro con mujeres en Huixquilucan, México, la candidata de oposición ofreció que habrá una Fiscalía realmente autónoma, que de la mano de la Auditoría Superior de la Federación y del INAI, evitará la corrupción en su gobierno.

         “Acabar con la impunidad, cárcel para los corruptos y por cada peso que se roben van a regresar dos, eso está clarísimo y ¿cómo lo vamos a hacer?, con una Fiscalía realmente autónoma, darle a la Auditoría Superior de la Federación la capacidad de investigar y castigar la corrupción, (que) tenga dientes, aparte de que pueda decir: ‘esta dependencia no me entregó la información' Que haya sanciones para el funcionario que no entrega la información”, detalló.

Gálvez dijo que, de ganar, los integrantes de su gabinete se someterán a un análisis de su patrimonio y su gobierno será una caja de cristal.

         Es decir, se propone acabar con la entrega de obras y concesiones a parientes y amigos, sin concurso público.

         No se trata de ninguna novedad, pues desde anteriores gobiernos se empezó a señalar la conveniencia de que es organismo supuestamente autónomo, la ASF, tenga capacidad para consignar a empleados públicos de todo nivel sospechosos de desviar o apoderarse de dinero público

         Por ejemplo, en febrero de 2019 organización no gubernamental (ONG) Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó a la ASF reconsiderar y revelar nuevamente en sus auditorías los nombres de quienes están implicados. 

         MCCI criticó una decisión del organismo dependiente de la Cámara de Diputados de que las auditorías generadas por la Cuenta Pública 2017 mantuvieran oculta la información de los implicados en las irregularidades detectadas mediante las auditorías.

         “Al analizar estos informes, Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad identificó que, como en otros años, las auditorías documentan millonarios desvíos de recursos públicos. Sin embargo, en esta ocasión no aparece la identidad de las empresas y personas involucradas. En su lugar ahora los documentos presentan información como: persona moral 1, persona física 2, o subcontratada 3 con las irregularidades y montos recibidos por cada una de ellas”, indicó la ONG mediante una nota de prensa.

También refirió que al analizar los informes individuales de la Cuenta Pública se observó que la Secretaría de Desarrollo Agrario (ahora SEDATU) realizó transferencias a cuatro instituciones educativas por 351.8 millones de pesos, sin embargo, no se puede dar seguimiento a este caso, dijo la ONG, porque se oculta la información de los involucrados.

         “Esto representa un grave retroceso ya que las instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes quedan sin la información indispensable para llevar a cabo las investigaciones.

“No podemos permitir retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas. La información de la que se nos está privando es de vital importancia para seguir la labor de combatir la corrupción y la impunidad”, aseveró María Amparo Casar, presidenta Ejecutiva de MCCI.

En esa oportunidad, MCCI destacó que desde el 2009 la ASF inició con un programa de auditorías forenses que se inician al detectar irregularidades y por las cuales se han detectado un uso irregular de 20,782 millones de pesos que se mantienen sin recuperar.

En la actualidad se ha descubierto otro cuantioso desvío de recursos, en la dependencia Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), como el gobierno de la llamada cuarta transformación

rebautizó a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo)

         De este fraude también dio cuenta la mencionada ONG, esta vez hasta con un poco de humor, pues en su portal colocó un mensaje titulado: nadie supo, el cual dice:

         “Nadie sabe, nadie supo, dónde quedó el dinero de la Conasupo” y, enseguida aclara que “esta consigna popular era repetida a finales de los años ochenta tras la polémica gestión de Ignacio Ovalle Fernández y Raúl Salinas de Gortari…”.

         Como se aprecia, MCCI puso de relieve un error o equivocación de López Obrador al nombrar como titular de Segalmex a Ignacio Ovalle Fernández, a pesar de su anterior despempeño, por decir lo menos, “polémico”. No obstante, después de descubrirse el desfaldo en Segalmex, dicho funcionario fue rescatado por el inquilino de Palacio Nacional, quien le otorgó otro cargo público.

         Los problemas de la Auditoría Superior.

         A pesar de que la ASF no tiene facultades para sancionar realmente a los funcionarios corruptos (salvo alguna que otra multa con monto mucho menor a lo defraudado), el organismo se ha visto en problemas.

         Uno de los más recientes – del cual todavía quedan secuelas – fue el cálculo del costo de haber cancelado el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y sustituirlo por el denominado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que todavía permanece desierto.

La ASF dio a conocer un costo estimado de esa operación de más de 300 mil millones de pesos, mucho más de los 100 mil millones reconocidos por el gobierno. Por supuesto, esto generó disgusto en las filas de la llamada cuarta transformación, por lo que se buscó un presunto responsable.

El titular de la ASF, David Colmenares Páramo, se evadió y apuntó hacia el titular de la Auditoría de Desempeño, Agustín Caso Raphael quien a partir de ese momento sufrió persecusión y ha sido dos veces separado del cargo, la última definitiva 

En su defensa, Caso denunció presiones al interior del órgano fiscalizador para obstruir sus labores auditoras al grado de imposibilitar la publicación de informes o de decidir de manera discrecional cuáles auditorías debían o no practicarse dentro del Programa Anual de Auditorías a realizar.

Resultado: Los presuntos delincuentes siguen libres. El profesional que los puso en evidencia quedó desempleado y sigue la oscuridad en torno a la forma como se sustrae el dinero público.

En consecuencia, se justifica la necesidad de un organismo que persiga y castigue realmente a los funcionarios corruptos.

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