La principal promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido,
desde que era candidato, acabar con la corrupción, pero por más veces
que hado por erradicado ese grave delito, haasta ahora ha quedado a
deber.
Lo peor es que ha sido el propio jefe del Ejecutivo el culpable
de que perdure la corrupción y que afecte seriamente al gasto del
gobierno federal. Esto porque el propio inquilino de Palacio Nacional ha
ordenado que se mantenga bajo reserva gran parte de la información
relacionada con el costo de sus obras, pues los especialistas en
investigación criminal afirman que el único delito perfecto es el que no
se conoce, el que no se denuncia.
Lejos de corregir esa falla, López Obrador está empeñado en
desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), que la única
instancia pública que ofrece al ciudadano común recibir información
confiable acerca de la forma como se gasta el presupuesto federal y,
eventualmente, dejar al descubierto posibles desvíos ilegales.
Para empezar la información debería iniciar con la forma como
se asignan los contratos de obra, en particular dejar en evidencia las
asignaciones directas, que son las que más se prestan a actos de
corrupción, por lo cual estaban prohibidas antes del actual sexenio,
donde se les encubre mediante el recurso de declararlas de interés
nacional.
De triunfar la candidata presidencial del oficialismo, Claudia
Sheinbaum Pardo, esta situación continuará los venideros seis años.
Dar facultades a la ASF para sancionar a funcionarios
corruptos.
En cambio, la aspirante presidencial del bloque opositor Fuerza y
Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, ha salido en defensa del
mencionado INAI, pero no sólo eso, también ha destacado la necesidad de
reforzar a otro organismo fundamental para descibrir irregularidades en
el gasto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo
dependiente de la Cámara de Diputados federal. Teóricamente, era una
forma, ajena al Ejecutivo, de vigilar el adecuado ejercicio del gasto
federal, pues se trata de otro poder y es esa Cámara la que aprueba el
presupuesto.
Gálvez Ruiz, advirtió que, de ganar las elecciones, los
funcionarios corruptos, “por cada peso que se roben, van a regresar
dos”.
En un encuentro con mujeres en Huixquilucan, México, la candidata de
oposición ofreció que habrá una Fiscalía realmente autónoma, que de la
mano de la Auditoría Superior de la Federación y del INAI, evitará la
corrupción en su gobierno.
“Acabar con la impunidad, cárcel para los corruptos y por cada
peso que se roben van a regresar dos, eso está clarísimo y ¿cómo lo
vamos a hacer?, con una Fiscalía realmente autónoma, darle a la
Auditoría Superior de la Federación la capacidad de investigar y
castigar la corrupción, (que) tenga dientes, aparte de que pueda decir:
‘esta dependencia no me entregó la información' Que haya sanciones para
el funcionario que no entrega la información”, detalló.
Gálvez dijo que, de ganar, los integrantes de su gabinete se someterán a
un análisis de su patrimonio y su gobierno será una caja de cristal.
Es decir, se propone acabar con la entrega de obras y
concesiones a parientes y amigos, sin concurso público.
No se trata de ninguna novedad, pues desde anteriores gobiernos
se empezó a señalar la conveniencia de que es organismo supuestamente
autónomo, la ASF, tenga capacidad para consignar a empleados públicos de
todo nivel sospechosos de desviar o apoderarse de dinero público
Por ejemplo, en febrero de 2019 organización no gubernamental
(ONG) Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó a la
ASF reconsiderar y revelar nuevamente en sus auditorías los nombres de
quienes están implicados.
MCCI criticó una decisión del organismo dependiente de la
Cámara de Diputados de que las auditorías generadas por la Cuenta
Pública 2017 mantuvieran oculta la información de los implicados en las
irregularidades detectadas mediante las auditorías.
“Al analizar estos informes, Mexicanos Contra la Corrupción y
la impunidad identificó que, como en otros años, las auditorías
documentan millonarios desvíos de recursos públicos. Sin embargo, en
esta ocasión no aparece la identidad de las empresas y personas
involucradas. En su lugar ahora los documentos presentan información
como: persona moral 1, persona física 2, o subcontratada 3 con las
irregularidades y montos recibidos por cada una de ellas”, indicó la ONG
mediante una nota de prensa.
También refirió que al analizar los informes individuales de la Cuenta
Pública se observó que la Secretaría de Desarrollo Agrario (ahora
SEDATU) realizó transferencias a cuatro instituciones educativas por
351.8 millones de pesos, sin embargo, no se puede dar seguimiento a este
caso, dijo la ONG, porque se oculta la información de los involucrados.
“Esto representa un grave retroceso ya que las instituciones
académicas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas
independientes quedan sin la información indispensable para llevar a
cabo las investigaciones.
“No podemos permitir retrocesos en materia de transparencia y rendición
de cuentas. La información de la que se nos está privando es de vital
importancia para seguir la labor de combatir la corrupción y la
impunidad”, aseveró María Amparo Casar, presidenta Ejecutiva de MCCI.
En esa oportunidad, MCCI destacó que desde el 2009 la ASF inició con un
programa de auditorías forenses que se inician al detectar
irregularidades y por las cuales se han detectado un uso irregular de
20,782 millones de pesos que se mantienen sin recuperar.
En la actualidad se ha descubierto otro cuantioso desvío de recursos, en
la dependencia Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), como el
gobierno de la llamada cuarta transformación
rebautizó a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo)
De este fraude también dio cuenta la mencionada ONG, esta vez
hasta con un poco de humor, pues en su portal colocó un mensaje
titulado: nadie supo, el cual dice:
“Nadie sabe, nadie supo, dónde quedó el dinero de la Conasupo”
y, enseguida aclara que “esta consigna popular era repetida a finales de
los años ochenta tras la polémica gestión de Ignacio Ovalle Fernández y
Raúl Salinas de Gortari…”.
Como se aprecia, MCCI puso de relieve un error o equivocación
de López Obrador al nombrar como titular de Segalmex a Ignacio Ovalle
Fernández, a pesar de su anterior despempeño, por decir lo menos,
“polémico”. No obstante, después de descubrirse el desfaldo en Segalmex,
dicho funcionario fue rescatado por el inquilino de Palacio Nacional,
quien le otorgó otro cargo público.
Los problemas de la Auditoría Superior.
A pesar de que la ASF no tiene facultades para sancionar
realmente a los funcionarios corruptos (salvo alguna que otra multa con
monto mucho menor a lo defraudado), el organismo se ha visto en
problemas.
Uno de los más recientes – del cual todavía quedan secuelas –
fue el cálculo del costo de haber cancelado el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM) en Texcoco y sustituirlo por el
denominado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que todavía
permanece desierto.
La ASF dio a conocer un costo estimado de esa operación de más de 300
mil millones de pesos, mucho más de los 100 mil millones reconocidos por
el gobierno. Por supuesto, esto generó disgusto en las filas de la
llamada cuarta transformación, por lo que se buscó un presunto
responsable.
El titular de la ASF, David Colmenares Páramo, se evadió y apuntó hacia
el titular de la Auditoría de Desempeño, Agustín Caso Raphael quien a
partir de ese momento sufrió persecusión y ha sido dos veces separado
del cargo, la última definitiva
En su defensa, Caso denunció presiones al interior del órgano
fiscalizador para obstruir sus labores auditoras al grado de
imposibilitar la publicación de informes o de decidir de manera
discrecional cuáles auditorías debían o no practicarse dentro del
Programa Anual de Auditorías a realizar.
Resultado: Los presuntos delincuentes siguen libres. El profesional que
los puso en evidencia quedó desempleado y sigue la oscuridad en torno a
la forma como se sustrae el dinero público.
En consecuencia, se justifica la necesidad de un organismo que persiga y
castigue realmente a los funcionarios corruptos.
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