COLUMNA DE OPINIÓN: VIOLENCIA DE GÉNERO

Fecha de caducidad

La violencia de género se ha convertido en nuestro país en todo un mal endémico que con el tiempo está tiñendo de negro la vida de miles de familias españolas.

Antonio Jarabo Velayos

Mientras se redacta esta columna, ocho mujeres estarán siendo maltratadas en el mundo y en el tiempo que tarden los lectores en leer estas líneas es posible que alguna esposa esté siendo asesinada por su actual marido. Y es que en España cada año mueren en torno a setenta personas a manos de su pareja como consecuencia de la violencia de género. Se trata de una circunstancia que impresiona a cualquiera, ya que al pensar en estas macabras cifras, uno se da cuenta de que en tan sólo diez años han muerto en nuestro país más de setecientas personas. Esta es, a grandes rasgos, la cruel realidad que se vive día a día en millones de hogares del territorio español. Por esta razón, erradicar esta plaga se ha convertido en uno de los principales retos de la sociedad y del Gobierno durante esta legislatura.

En consecuencia con este ambicioso objetivo, surgen varias cuestiones sin respuesta. La principal de ellas es cómo acometer tan importante labor de poner fin a esta lacra. Para ello, la estrategia debe comenzar por comprender el origen de este tipo de actuaciones. Es en este punto es en donde irremediablemente surge el concepto de la desigualdad que aún se mantiene entre el hombre y la mujer, basada en la consideración de que en algunos escenarios la mujer es un ser inferior, propiedad del sexo masculino. Si a este ingrediente le sumamos el papel que juega la personalidad individual del criminal, moldeada por la educación y la cultura en este tipo de casos, obtenemos como producto final la temida violencia machista. Esta idea se relaciona con el hecho de que en las familias donde hay mujeres maltratadas siempre hay niños maltratados y éstos tienen más posibilidades de volverse emocionalmente insensibles al drama, lo que es, en definitiva, caldo de cultivo para nuevos maltratadores. Una vez conocidas las principales causas, ahora es el momento de buscar soluciones, ya que, por el momento, la trayectoria del maltrato sigue siendo tremendamente ascendente, por lo que el final del túnel aún se ve desde muy lejos.

Aunque la perspectiva de futuro es desalentadora, todavía quedan resquicios de esperanza en el horizonte porque en los últimos tiempos se han conseguido avances fundamentales como lograr concienciar a la población y conseguir una rápida reacción ante el problema por parte de la comunidad. De esta manera, tras la magnifica respuesta ciudadana mostrada por este tema, muchos expertos y profesionales de diferentes índoles: sanitarios, psicólogos, forenses, policías, estamentos judiciales y otras instituciones oficiales, asociaciones y medios de comunicación se han puesto a trabajar intensamente para reducir estas altas cotas de acoso y agresión. Gracias a esta movilización, ya se ha dado la voz de alarma para que la mujer identifique los primeros signos de violencia y se ha indicado lo que debe hacer si es agredida. Asimismo, se han propuesto medidas de disuasión y también de castigo contra estas conductas intolerables. Pero lo más importante es que ahora las mujeres han empezado a hablar, lo que hace más fácil que los instrumentos judiciales del Estado garanticen la plena vigencia de sus derechos humanos.

Ante esta situación, la única opción valida que queda por escoger es la de trabajar para confrontar esta brutalidad. Con esto quiero decir que la clave para alcanzar una solución efectiva se encuentra en que todos nos unamos sin condiciones para luchar juntos contra unos hechos que a todos nos avergüenzan. El primer paso para cumplir esta idea ya se produjo en el año 2004 cuando el Congreso Español aprobó, con la unanimidad de todos los grupos políticos, la 'Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género'. Al hilo de tal ley se desarrollaron en todas las comunidades diferentes medidas preventivas, educativas, sociales, asistenciales, sanitarias, penales y de ayuda a la mujer, acelerando la coordinación de las instituciones con competencias en este asunto. Sólo siguiendo estas pautas, se podrá poner fecha de caducidad al que actualmente es uno de los mayores atentados contra la dignidad humana en España.