La empresa naval pública Navantia ha firmado este lunes en Madrid, con la compañía armadora Ondimar Transportes Marítimos LDA, sociedad naviera perteneciente al grupo vasco Ibaizabal, una carta de intenciones para la construcción de tres petroleros, del tipo 'Suezmax', con opción a la construcción de otros tres, "a precios internacionales para este tipo de buques", según ha asegurado la empresa en un comunicado.

En dicho documento, tanto la empresa armadora como la propietaria de varios astilleros públicos situados en diferentes puntos del país, como Ferrol, expresan la intención de ambas partes de alcanzar un acuerdo "para la construcción de estos barcos, tanto en sus especificaciones técnicas como en el precio".

En caso de materializarse la ejecución de este contrato, Navantia debería de seleccionar que centros de trabajo serán los responsables de la construcción de estos nuevo buques, contando a día de hoy la empresa con astilleros tanto en la Ría de Ferrol como en la Bahía de Cádiz plenamente operativos para poder materializar dicha actuación.

Hace unas semanas, la empresa perteneciente a la SEPI ya adelantó que también había llegado a un acuerdo con un astillero asiático para que éste se encargara de trasferir tanto el proyecto como algunos de los materiales necesarios para elaborar buques petroleros de este tipo, que adquieren este nombre porque están preparados, por su calado, para poder atravesar el canal de Suez.

Convenio colectivo

Por otra parte, la dirección de Navantia ha mantenido también este lunes una reunión de trabajo con los comités de empresa de todos sus centros en la que les ha traslado su intención de iniciar "próximamente" el proceso negociador de un nuevo convenio colectivo, tras la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló dicho documento, al estimar que algunos de los representantes sindicales que lo aprobaron no estaban legitimados por las organizaciones a las que representaban.

Además, la dirección de la empresa pública les ha trasladado a los trabajadores que ya ha sido presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y en tanto el alto tribunal no resuelva, "se dejará de aplicar el IV convenio colectivo y se aplicarán las condiciones previstas en el anterior convenio" dentro del marco de lo establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Según los responsables de la empresa pública, en aquel acuerdo "no se produjo injerencia antisindical alguna" y ahora "se pretende subsanar el defecto de forma puesto de manifiesto en la sentencia, instando a iniciar de buena fe este nuevo proceso negociador".