Botella reconoce ahora que durante la huelga de limpieza de Madrid hubo riesgo sanitario

  • El delegado de Medio Ambiente firmó el viernes una declaración donde se hablaba de "un riesgo para la sanidad ambiental de determinadas zonas".
  • La alcaldesa negó que existiera riesgo para la salud.
  • El Consistorio eleva a un millón de euros los daños de los piquetes.
Operarios del servicio de limpieza viaria trabajando en Arganzuela.
Operarios del servicio de limpieza viaria trabajando en Arganzuela.
JORGE PARIS
Operarios del servicio de limpieza viaria trabajando en Arganzuela.

Hasta este martes no se ha podido conocer, pero el documento se firmó el pasado viernes, 10 días después de que comenzara la huelga del personal de las concesionarias de limpieza del Ayuntamiento de Madrid. Ese día, el delegado de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, dictó un decreto por el que se declaraba "de extraordinaria y urgente necesidad proceder a la limpieza de determinadas vías y espacios públicos", y donde se aseguraba, además, que la situación estaba suponiendo "un riesgo para la sanidad ambiental de determinadas zonas".

El contenido del documento da una visión radicalmente distinta a la ofrecida por el Ayuntamiento durante los paros, cuando la propia Botella negó, en sus sucesivas ruedas de prensa y comparecencias públicas, que hubiera un riesgo para la salud. Sanjuanbenito se ha justificado asegurando que el citado texto no era un decreto de alerta sanitaria. En el texto, que se realizó para explicar la necesidad de que los empleados de la empresa pública Tragsa realizaran los servicios mínimos, se habla también del "aumento de la proliferación de vectores-plaga (ratas e insectos)" en las calles.

Este decreto ha salido publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento este martes, y las críticas de la oposición no se han hecho esperar: "Ustedes han desviado el foco hacia las personas que hicieron la huelga habiéndola liado parda", ha asegurado el portavoz municipal de UPyD. Desde IU, por su parte, han recordado que en 23 ocasiones preguntaron al Consistorio por los contratos integrales con las contratas, que establecían un pago por resultados sin obligar a mantener una plantilla determinada. La edil de esta formación, Raquel López, ha asegurado incluso que ella hubiera hecho "mucho más " que quemar contenedores si se hubiera jugado "con el pan" de sus hijos, recordadando que, aparte de los despidos, las empresas concesionarias querían hacer un recorte en el salario de los barrenderos, que cobran una media de 900 euros al mes.

El texto, además, hace referencia al número de trabajadores que salieron a cumplir los servicios mínimos, "inferiores al número porcentual que tenían asignados dichos servicios mínimos", y a los actos vandálicos de "piquetes agresivos" que impidieron la realización de los trabajos de limpieza. Durante los primeros días de los paros, sin embargo, el Gobierno local aseguró que los servicios mínimos se estaban cumpliendo "al 98%" salvo en los distrios de Centro, Chamberí y Tetuán.

Un millón de euros en daños

Sanjuanbenito también ha acusado a los piquetes de haber provocado "un millón de euros en daños" en actos de "coacción, sabotaje y puro vandalismo".  El delegado ha garantizado además que el ayuntamiento no pondrá "ni un euro" para pagar esos daños, porque no es el responsable. Según ha dicho, se harán cargo del coste de los daños los responsables de los hechos que determine la investigación que se efectúe en virtud de la denuncia que él mismo interpuso ante la fiscalía por daños al patrimonio público.

Además, ha manifestado que el Ayuntamiento de Madrid no renunciará a firmar más contratos de prestación de servicios públicos como el de limpieza viaria, pese a la huelga y a las críticas de la oposición y los sindicatos. Este tipo de contratos, ha declarado, "permite racionalizar el gasto publico municipal" y de hecho supondrá para el Ayuntamiento de Madrid un ahorro anual de alrededor de 100 millones de euros.

Sanjuanbenito ha indicado en la comisión que el pasado mes de septiembre el ayuntamiento descontó a las concesionarias 1.372.155 euros, un 7,37 % del canon máximo, por deficiencias en el trabajo y que en octubre esa cantidad se redujo a 1.189.809 euros, un 6,39 %.

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