El clan Altimasveres se enfrenta a 100 años de prisión por tráfico de drogas

El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso este medio, es especialmente largo y denso. En él se relatan con el máximo detalle hasta 33 casos de menudeo de estupefacientes que habrían llevado a cabo los miembros de este clan solo entre los meses de septiembre y diciembre de 2013, en los que Guardia Civil y Policía Nacional colaboraron para llevar a cabo la macro operación bautizada Gelatina-Obélix. También se detalla todo el material, dinero y vehículos intervenidos durante las entradas y registros llevados a cabo de forma simultánea el 12 de diciembre de 2013 en siete domicilios de Logroño y uno más en Villamediana, donde residían los miembros del clan.

En ese apartado, los datos son no menos contundentes: un total aproximado de 110.000 euros intervenidos en dinero en efectivo y cuentas bancarias, ocho automóviles que presuntamente se empleaban para la actividad ilícita, sustancias estupefacientes por valor superior a los 10.000 euros y efectos de todo tipo, desde útiles de droga (balanzas, utensilios y material para cortar...) a aparatos electrónicos, joyas e incluso katanas, puños americanos y armas de fuego.

Este juicio, para el que el fiscal ha citado a 31 testigos particulares además de otros 44 integrantes de los cuerpos de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, es el primero por el que se sienta en el banquillo a todo el clan, con la imputación conjunta de un delito de pertenencia a grupo criminal, después de años de detenciones individuales a los miembros de la banda por separado, sin mayores consecuencias. El ministerio público trae asimismo al estrado el acuerdo de condena por delitos de blanqueo de capitales alcanzado el pasado noviembre contra diez de los miembros del clan, rebajado a solo 15 meses de cárcel cada uno (y multa conjunta de 266.000 euros) por la circunstancia atenuante de dilación indebida del proceso, pero que en todo caso constataría la procedencia de ese dinero del tráfico de drogas.

Este punto de partida se suma a la circunstancia del alto nivel de vida que los miembros del clan llevaban pese a encontrarse en situación de desempleo o realizando trabajos menores, un argumento de peso entonces y que ahora volverá probablemente a tener continuidad en esta nueva vista oral. La Fiscalía destaca así en su escrito que los acusados, «actuando de común y previo acuerdo en la acción, y guiados por el mismo ánimo de procurarse un beneficio económico mediante la venta a terceras personas de sustancias estupefacientes de diversa naturaleza, en particular heroína, cocaína y hachís, constituyendo su única fuente de ingresos, por carecer todos ellos de actividad legalmente remunerada».

Describe también que los acusados «se prevalían de sus lazos familiares, procurando el abastecimiento de todos ellos para atender la permanente demanda, tanto de consumidores finales como de intermediarios de media escala».

Como forma de proceder, se cita asimismo la comunicación vía telefónica «empleando un lenguaje claramente convenido» y desplazamiento con frecuencia entre las viviendas del clan empleando sus vehículos para facilitarse el aprovisionamiento.

Junto a los dieciséis acusados, el ministerio público solicita por último el sobreseimiento provisional para otros seis presuntos miembros del clan, al no encontrar suficientemente justificada o clara su participación en los hechos que se juzgarán en la Audiencia Provincial de La Rioja.