Disfrutar de un piso en régimen de alquiler social ya no es una bicoca. La crisis económica ha hecho aflorar el desempleo y los sueldos precarios, y con ellos ha llegado la morosidad hasta los alquileres sociales, en principio más bajos que los de las viviendas libres. Según datos oficiales aportados por el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional, entre 2012 y 2014, de las 25.000 familias madrileñas que viven en pisos sociales, 5.653 no han podido hacer frente al importe mensual de la renta y han logrado renegociar sus alquileres y sus deudas mediante la firma de un compromiso de pago, lo que supone el 22,6% de las familias que viven en pisos sociales.

En la Comunidad de Madrid hay dos grandes organismos que se ocupan de la gestión de las viviendas sociales: el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), perteneciente al Ejecutivo regional, y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), gestionada por el Ayuntamiento de la capital. El Ivima posee unos 20.000 pisos, de los cuales 5.000 han conseguido reducir la renta de su alquiler firmando un compromiso de pago. Es decir: que el 25% de sus inquilinos no ha podido seguir abonando el alquiler que pagaban. Por su parte, la EMVS cuenta con 5.000 viviendas y ha firmado 653 planes de pago, que significan el 13% de las familias.

Un compromiso de pago es un documento en el que el deudor reconoce adeudar a su acreedor una determinada cantidad de dinero y se compromete a abonar su deuda en un determinado periodo y con unas condiciones específicas. En algunas Comunidades Autónomas, como en la valenciana, existe un protocolo establecido para estos casos, pero en Madrid se estudia caso particular. "No hay ningún procedimiento de pago establecido. Se establece la cuantía y los plazos según las circunstancias particulares de cada inquilino", aseguran desde el Ivima. "Los planes de pago se suelen ajustar a la capacidad económica de la familia", señalan desde la EMVS.

El precio que las familias pagan por el alquiler también varía, aunque el coste medio en los pisos sociales del Ivima es de 200 euros. En algunos casos, la reducción de la renta puede ser de más del 70%. "El precio depende tanto de la zona como de las características de la vivienda, así como de las situación económica de la familia", explican desde el organismo autonómico. Desde la EMVS, indican que no hay un coste medio establecido, ya que los alquileres se adaptan a las circunstancias económicas de cada familia: "La renta no puede suponer más del 30% de los ingresos. En los casos en los que los ingresos superen una vez el IPREM, el límite baja al 20%, con una cuota mínima de 65 euros al mes".

Los vecinos no comulgan con este tipo de negociaciones porque consideran que el objetivo final de los organismos madrileños de la vivienda es vender los pisos a los llamados fondos buitre. "Por un lado, te hacen firmar un nuevo contrato con un alquiler superior al que estás pagando antes de la negociación; por otro, firmas una hoja para pagar una renta mensual inferior por un periodo de tres años que se revisa anualmente. Si a los tres años se extingue el contrato, pasas a pagar mensualmente el alquiler que figura en el nuevo contrato", se quejan desde la Asociación de Vecinos de San Fermín, donde hay un gran número de familias en esta situación. "Lo que quieren es que la gente se vaya voluntariamente de los pisos para vaciar los edificios y luego vendérselos a los fondos buitre", añaden.

En Vallecas, los reproches de los vecinos del Ensanche van en la misma línea: "Están negociando estás rebajas para los inquilinos mientras han vendido miles de pisos a fondos buitre sin tener en cuenta las necesidades de los vecinos". Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) critica estas renegociaciones de los contratos al considerarlas "abusivas e hipócritas" porque "siguen desahuciando a familias".

Ángel tiene 56 años, es electricista y lleva en paro desde 2010. Hace dos años le llegó una carta de la EMVS solicitándole documentación si quería renegociar un nuevo contrato de alquiler. Pagaba entonces unos 250 euros de renta en la calle Oligisto (barrio de San Fermín) y acumulaba una deuda de unos 1.300 euros. Actualmente, Ángel, que tiene a dos de sus tres hijos viviendo en el domicilio familiar, paga 66 euros de alquiler. "Sin duda es un alivio económico para mi familia porque yo solo cobro ahora la prestación de 426 euros, pero lo que yo quiero de verdad es trabajar", afirma. Sin embargo, pese a sentirse "satisfecho" por su contrato temporal de tres años que se revisa anualmente, no le convence que el nuevo documento ya no se rija por el Decreto 100/86, que permite cada dos años la renovación automática de por vida: "Tengo la incertidumbre de que no sé qué va a pasar con mi renta cuando finalicen los tres años. No sé si me subirán al alquiler hasta los 312 euros, que es la cantidad estipulada en el nuevo contrato".