De momento, ni la reforma laboral, cuyo objetivo era acabar con la dualidad del empleo temporal e indefinido, ni la salida de la crisis, han mejorado la calidad en la contratación. Al contrario, han amplificado la rotación. Según datos del Ministerio de Economía, el 41% (510.837) del conjunto de los contratos temporales que se hicieron en enero (1.247.556) tuvieron una duración inferior a un mes. Este porcentaje llegó en diciembre a casi el 46% y en agosto llegó al récord, el 47%.

Sin embargo, la media anual de estos contratos más precarios, de menos de 30 días, era del 30% cuando comenzó la crisis en 2007. Llegó al 37% con la entrada en vigor de la reforma laboral y ha ido cobrando más peso. Precisamente, con la salida oficial de la crisis en 2013, representaron el 40,7% del total de temporales y en 2014 la cifra llegó al 41,3%. En la peor época de la primera recesión (2009) ese porcentaje se situó en el 35% y en la segunda (2011) en el 37%, muy por debajo de lo que exponen las cifras actuales tras la salida de la crisis y el repunte económico.

Según los datos de enero, últimos disponibles, en este mes se hicieron 510.837 contratos de menos de 30 días de duración. La cifra sigue siendo importante porque, pese a que la economía puede estar creciendo a tasas trimestrales del 0,8%, representa nada menos que casi el 38% del conjunto de la contratación sumando temporales e indefinidos (1.367.795).

Mientras, la contratación de tres a seis meses, o de más de seis meses, apenas es significativa ya que entre ambas apenas representan el 9% de los eventuales.

El Pleno del Consejo de Estado aprobó el pasado jueves su dictamen sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir medidas que agilicen la Justicia penal, en particular la tramitación de macroprocesos referidos a delitos económicos o de corrupción. Se trata de la primera iniciativa de Rafael Catalá tras su nombramiento como ministro de Justicia el pasado septiembre y, según fuentes de la institución, el Consejo de Estado hace una valoración positiva, aunque incluye observaciones referidas, sobre todo, a una de las principales innovaciones del texto, la fijación de plazos para la instrucción.

El anteproyecto señala que las causas penales deben instruirse, con carácter general, en seis meses. El plazo se eleva a 18 meses en el caso de las investigaciones complejas, con posibilidad de prórroga por un período similar. La finalización del plazo máximo de instrucción determina, según el anteproyecto, el cierre de esa fase, sin que el juez pueda realizar a partir de ese momento más diligencias.

Tanto el Consejo Fiscal como el Consejo General del Poder Judicial han puesto objeciones a esa medida porque, a su parecer, no es realista terminar las instrucciones en los plazos señalados y supone una "invitación" a las defensas de los investigados para que utilicen todas las vías con el fin de prolongar las diligencias al máximo. El CGPJ ha propuesto flexibilizar el vencimiento de los plazos, estableciendo la posibilidad de prórroga en las causas ordinarias y ampliando los supuestos en los que debe ser posible continuar por otros 18 meses la instrucción de procedimientos complejos.

Solo el 67% de los ayuntamientos los presentaron a tiempo
Más de 800 entidades locales no habían presentado ninguno de sus presupuestos desde el año 2010
Huelva aún no ha presentado sus cuentas de 2011

Otra de las medidas importantes que incluye la norma pasa por modificar la actual tarifa plana de 100 euros de Seguridad Social para empresas que contraten a indefinidos por otra ayuda a la contratación: la exención de la cotización de los primeros 500 euros del salario. Eso sí, esa exención se aplica solo a lo que paga la empresa, el trabajador seguirá pagando por todo lo que ingrese. Lo que no se explicó en el Debate del Estado de la Nación ni en el Consejo de Ministros del viernes, en los que se anunció como una medida para “favorecer a los colectivos más vulnerables”, es que las condiciones para acceder a esas bonificaciones también se han modificado. A la baja.

Hasta ahora, las empresas que hubieran echado a trabajadores en los seis meses anteriores al contrato vía despidos objetivos, improcedentes o colectivos (ERE) no podían acceder a estas ayudas. Las nuevas bonificaciones, en cambio, mantienen el veto para despidos improcedentes pero solo para los ERE “no ajustados a derecho”. El matiz es importante. Esto es, todas las empresas que ejecuten un ERE legal durante los seis meses antes de celebrar el nuevo contrato podrán acogerse a estas ayudas, lo que permite cambiar trabajadores antiguos por nuevos acompañados de bonificaciones.

Cita de Salomón-Janino

Tochazo

Cita de Cagateybaila

Ése es el espíritu.

Cita de Salomón-Janino

Era bromuro shur, taba pillando sitio para leerlo luego que ahora estoy ocupado.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes un Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que renuncia a algunas de las propuestas iniciales más polémicas como la posibilidad de que el Ministerio del Interior interviniera comunicaciones sin autorización judicial. La norma mantiene previsiblemente la fijación de plazos para la instrucción a pesar de la recomendación del Consejo de Estado e incluye la sustitución del actual "imputado" por "investigado".

Actualmente, 34 de las 35 empresas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales. En 2014, la inversión española en estos países aumentó un 205% y supone un 24% de la inversión total en el exterior.

De España se escapan cada año 59.000 millones de euros a paraísos fiscales, según estimaciones de Intermón. La empresa que más presencia tiene en paraísos fiscales es Arcelor Mittal, con un 58% de sus filiales situadas en ellos.


Banco Santander es la segunda empresa que lidera este ránking. Un total de 182 de las 810 filiales españolas en paraísos son de la entidad, casi un 20% del total del grupo.

Según la Agencia Tributaria, el tipo efectivo que pagan las grandes empresas españolas es del 5'3%. Un impuesto que resalta notablemente si se compara con el 16% que pagan las pymes sobre su resultado contable.

Si las grandes empresas tuvieran que contribuir con un 16%, como lo hacen las pymes, el Estado recaudaría 8.227 millones de euros más. “Suficiente para financiar seis veces el presupuesto de dependencia” español, destaca la organización.

La apuesta por una medida se muestra no solo en las palabras con las que el Gobierno la anuncia, sino en los medios -y los tiempos- destinados a ponerla en marcha. Pero la del Consejo de Transparencia, el organismo que debe velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y por defender el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, es una historia de retrasos y medios escasos. Si el decreto que lo debía constituir entró en vigor ocho meses tarde (según los plazos que dictaba la propia norma), la formación del equipo empieza a dar pasos hoy, tres meses después de la entrada en vigor de la ley.

El problema es que los ciudadanos llevan presentando reclamaciones desde, al menos, enero.

El 31 de octubre, tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el Estatuto del Consejo de Transparencia, el Gobierno aseguró que “el Consejo estará listo con tiempo para el próximo 10 de diciembre, que es cuando entran en vigor las obligaciones de transparencia que la Ley prevé para la Administración General del Estado”.

Cita de AmadorMerengue

Lo de la reforma de la LECRIM y acortar los plazos a 6 meses es IMPOSIBLE, y te lo digo trabajo en esto.

Actualmente, 34 de las 35 empresas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales. En 2014, la inversión española en estos países aumentó un 205% y supone un 24% de la inversión total en el exterior.

De España se escapan cada año 59.000 millones de euros a paraísos fiscales, según estimaciones de Intermón. La empresa que más presencia tiene en paraísos fiscales es Arcelor Mittal, con un 58% de sus filiales situadas en ellos.


Banco Santander es la segunda empresa que lidera este ránking. Un total de 182 de las 810 filiales españolas en paraísos son de la entidad, casi un 20% del total del grupo.

Según la Agencia Tributaria, el tipo efectivo que pagan las grandes empresas españolas es del 5'3%. Un impuesto que resalta notablemente si se compara con el 16% que pagan las pymes sobre su resultado contable.

Si las grandes empresas tuvieran que contribuir con un 16%, como lo hacen las pymes, el Estado recaudaría 8.227 millones de euros más. “Suficiente para financiar seis veces el presupuesto de dependencia” español, destaca la organización.

Cita de Cagateybaila

La realidad supera la ficción en nuestro país ya sabes

Metro Ligero Oeste | El Gobierno regional paga a la concesionaria 8 millones de viajes que ésta no realiza

Metro Ligero Oeste (MLO): lento y caro. Debido a su escasa aceptación y aunque la Comunidad de Madrid preveía para 2012 una demanda garantizada de 15 millones de viajes, lo cierto es que sólo se produjeron siete (un tercio) [aquí se ve que UPyD no saben dividir], por lo que -tal como denunció UPyD- la Consejería tuvo que cumplir su compromiso con las empresas concesionarias (con OHL a la cabeza) y pagarles hasta 8 millones de viajes que nunca se produjeron, para evitar que registraran pérdidas.

La autopista MP-203 | 6 años abandonada y sin terminar, ya ha costado 70 millones de euros

Sin embargo, y debido a problemas de conexión con la radial R-3, sumados al difícil obstáculo de las vías del AVE, la concesionaria paró en seco su construcción hace seis años, cuando ya se habían construido el 70% de sus 12,5 kilómetros. Hoy, la autopista a ninguna parte se encuentra en un páramo polvoriento, donde su trazado finaliza de manera abrupta, ante una montaña de arena.

Parque de bomberos de Valdemoro | Coste: 3,4 millones de euros; está vacío desde su estreno, en 2011

CREAA - Alcorcón | Un enorme circo de 9 pistas, 60.000 m2 y 150 millones de euros (sin terminar)

Antes de iniciar su construcción (2007), hubo que talar unos 300 árboles y echar abajo la biblioteca municipal. Tras seis años y 150 millones de euros gastados, la obra está interrumpida, a falta de un inversor privado que ponga los 40 millones que faltan para rematarla; el Ayuntamiento no puede más: el CREAA supone la mitad de su deuda e incluso, ha llevado a la empresa municipal de gestión inmobiliaria (EMGIASA) a concurso de acreedores.

La campaña está presupuestada en dos millones de euros: 70.000 para la creación de anuncios, espots y cuñas (lote 1); y 1.930.000 para su reparto entre los medios de comunicación (lote 2). Se llevará a cabo durante un máximo de ocho semanas en 2015 y otras ocho en 2016. La empresa encargada del diseño tendrá diez días para enviar sus propuestas. Por su parte, las fechas de ejecución de la difusión arrancan tras la fecha de firma.
[...]

En 2014, Feijóo adjudicó una campaña casi idéntica, entonces por 1,4 millones de euros. Era casi el triple que el año anterior, 2013, cuando destinó poco más de medio millón para la difusión de Galicia Emprende. En 2012, la campaña se denominó Galicia Competitiva y costó un millón.

No se puede entender que en estos últimos años se haya recortado la paga a los policías, se haya jugado con su seguridad negando unos chalecos que siguen sin tener, o que la más mínima mejora o avance en sus condiciones de trabajo haya sido siempre supeditada al coste cero para conseguir su puesta en marcha, y sin embargo, tal día como hoy, sin necesidad alguna, con total impunidad y demostrando una clara falta de respeto hacia los policías y los ciudadanos a quienes gobiernan, se apruebe una partida de cuatro millones de euros para que cambie las divisas de los uniformes y dote de bastones de mando a sus máximos responsables", ha dicho.

Cronología de una deuda multimillonaria

• 27 de noviembre de 1997. Con la liberalización del mercado eléctrico, el ministro de Industria, Josep Piqué, crea los Costes de Transición a la Competencia (CTC) para compensar las inversiones que el Gobierno obligó a acometer a las eléctricas mientras el sector estuvo regulado. Estos costes, que se pagaban en la factura de la luz “como costes permanentes del sistema”, tienen por objeto devolver a esas empresas 8.600 millones de euros por el valor de esas inversiones.

• 23 de junio de 2006. El Gobierno socialista suprime los CTC al considerar que ese mecanismo se ha convertido en ineficiente “porque genera distorsiones en los precios de mercado”, “porque han quedado obsoletas las hipótesis sobre las que se basaron” y también por el “alto grado de amortización de las instalaciones” cuyo coste trataban de compensar.

• 13 de marzo de 2008. La abogacía del Estado establece en un informe solicitado por la Secretaría de Estado de Energía que las eléctricas cobraron de más a través de los CTC y considera ese exceso un “enriquecimiento injusto” que el Estado puede reclamar a estas empresas. El informe asegura que el Gobierno tiene de plazo hasta 2010 —cuatro años desde que entrara en vigor la ley de 2006 que los suprimió— para reclamar esas cantidades abonadas de forma indebida.

• 25 de junio de 2010. Caduca el derecho a reclamar a las eléctricas los cobros ilegítimos, según los plazos establecidos por el informe de la abogacía del Estado. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha exigido a esas empresas los pagos indebidos.

• 3 de julio de 2013. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denuncia a la cúpula de Industria por prevaricación, tráfico de influencias y malversación por haber permitido la prescripción de una deuda de 3.396 millones.