La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha reclamado a la Junta de Andalucía distinta documentación a fin de investigar el origen de la "sucesión" de ayudas concedidas a la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa) y "los medios articulados para otorgarle" estas subvenciones.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora toma esta decisión tras recibir un oficio en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indica que, tras un primer estudio de las actas del Consejo Rector del antiguo IFA del año 2000, "han podido observar determinadas referencias a una serie de convenios que habrían podido facilitar la sucesión de ayudas" relacionadas con esta empresa.

En este sentido, señala que en el acta de 30 de marzo de 2000, el entonces presidente del IFA, Salvador Durbán, informó al Consejo Rector de la firma de sendos convenios con la Consejería de Trabajo e Industria, uno para adelantar las ayudas a los exempleados de Hamsa que no pudieron ser recolocados por 'Campocarne Andalucía', y otro para anticipar las subvenciones a esta empresa, objeto del convenio suscrito por la Consejería de Presidencia con fecha 22 de diciembre de 1999.

De este modo, la magistrada reclama a la Junta una copia del expediente completo, "incluidos en su caso cuantos informes emitiera" la Intervención General de la Junta, relativo al convenio suscrito entre el antiguo IFA y la Consejería de Trabajo e Industria —al que se refiere el acta del Consejo Rector de 30 de marzo de 2000—, para adelantar las ayudas a los exempleados de Hijos de Andrés Molina que no pudieron ser recolocados.

Asimismo, pide a la Junta una copia del expediente completo, "incluidos en su caso cuantos informes emitiera" la Intervención General, relativo a la subvención concedida a Hamsa en virtud del convenio suscrito por la Consejería de Presidencia en diciembre de 1999, añadiendo que una vez la reciba remitirá toda la documentación a la UCO "para que ahonde en la investigación sobre todas las ayudas concedidas" a esta empresa.

A juicio de la UCO, dichos convenios "habrían podido emplearse para articular determinadas subvenciones a favor de Hamsa, la cual presenta significativas particularidades que la hacen referente en las diversas 'fórmulas' empleadas por la Junta para conceder este tipo de ayudas con anterioridad al sistema finalmente ideado con el convenio marco de julio de 2001, con el que se concedieron las ayudas sociolaborales y a empresa durante una década".