Blog especializado en el área fiscal

Lo que no resulta acreditado a juicio de la Sala, centrándose ya en la segunda de las cuestiones planteadas, es que la inclusión en la casilla 315 del Modelo 200 de la autoliquidación de la entidad actora, relativa al Impuesto sobre Sociedades, fuese un error al no tratarse las entidades de entidades vinculadas, por lo que no puede acogerse la pretensión de la entidad actora de que en realidad se debió de incluir la pérdida en la casilla 316 de su autoliquidación, que se refiere a las pérdidas por deterioro relativas a otras entidades no vinculadas.

El TSJ de Madrid, en su Sentencia de 31 de enero de 2024, analiza dos cuestiones principales.

Por un lado, la existencia de un préstamo efectuado por la entidad recurrente a otra entidad y su resultado de incobrable, lo que posibilitaría la deducción del mismo como pérdida en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016.

Por otro lado, la existencia de un error por parte de la entidad actora en la confección de su autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016 al incluir la pérdida sufrida por el crédito incobrable en la casilla 315 del Modelo 200, cuando, según la actora, al no ser las entidades prestamista y prestatario sociedades vinculadas, debía de haberse incluido la pérdida en la casilla 316 lo que implicaría se pudiese deducir directamente sin efectuar ningún ajuste en la base imponible.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto entre órganos constitucionales promovido por el Gobierno de la nación frente al Senado, contra su acuerdo por el que se toma en consideración para su tramitación la proposición de ley por la que se deroga la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en contra del criterio del Gobierno.

En una nota informativa publicada en la página web del Tribunal Constitucional se da eco de la admisión a trámite por parte del Pleno del Tribunal Constitucional del conflicto entre órganos constitucionales promovido por el Gobierno de la nación frente al Senado, en relación con el Acuerdo de la Mesa de la cámara de 21 de noviembre de 2023, ratificado el 18 de enero de 2024, por el que se toma en consideración para su tramitación la proposición de ley por la que se deroga la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en contra del criterio del Gobierno, adoptado al amparo del art. 134.6 de la Constitución.

El Gobierno de España plantea que dicho Acuerdo del Senado vulnerar los arts. 134.6 de CE y 151 del Rgto del Senado, en relación al ejercicio de la facultad de veto presupuestario.

Además, el Pleno del TC ha admitido a trámite varios recursos de inconstitucionalidad.

• ¿Puede un no residente aplicarse la reducción prevista para los rendimientos derivados del arrendamiento de un bien inmueble destinado a vivienda?
• Arrendamiento de bienes inmuebles por un no residente ¿Cuál es el tipo impositivo aplicable, 19 o 24%?
• En la imputación temporal de rentas del trabajo no debe confundirse devengo con periodo de generación
• Caducidad del derecho a deducir las cuotas soportadas: nacimiento del derecho a deducir vs nacimiento del derecho a ejercitarlo
• ¿La declaración de nulidad del auto de entrada y registro implica la nulidad de toda la liquidación?
• La Administración tributaria española carece de competencia para efectuar un requerimiento individualizado de información a una entidad no establecida
• ¿Existe un plazo para la exigencia de la reducción por pronto pago cuando se incumple alguno de los requisitos a los cuales la misma está condicionada?
• La declaración del estado de alarma por COVID 19 no suspendió la exigencia de intereses de demora
• Acreditación de la condición de no residente de una persona física: certificado de residencia fiscal y carga de la prueba
• Sociedad gestora contratada por un fondo de inversión alemán ¿Quién debe presentar el modelo 210?

La Sala afirma que resulta desconcertante que se considere que el socio es la pieza imprescindible y clave del negocio, sin la cual no podría funcionar sin considerar todos los elementos aquí expuestos y no atribuyéndole otra parcela o faceta en la empresa como podría ser la comercial o de reconocimiento profesional dilatado, a primera vista que pudieran justificar la calificación de figura nuclear y central.

El TSJ de Cataluña, en su Sentencia de 7 de noviembre de 2023, analiza si es correcta la regularización efectuada por parte de la Inspección a través del régimen de operaciones vinculadas.

Comienza la Sala señalando que la sociedad recurrente se dedica al asesoramiento fiscal y contable contando con dos socios profesionales con una participación en su capital social de 90%-10% en los ejercicios regularizados.

Además, en los ejercicios 2013-2014 desarrolla directamente la actividad y en los siguientes (2015 y 2016) cede a una tercera sociedad, con idéntica participación, los medios materiales y personales para que ésta desarrolle sustancialmente idéntica actividad de asesoramiento contable y fiscal.

A juicio de la Sala el acuerdo de liquidación debiera explicar cuáles son las características que atribuyen a la prestación de servicios del socio el carácter de personalísimo, insustituible y que se infiera que la sociedad, más que básicamente una estructura administrativa o logística, no aporte valor alguno.

A juicio de la Sala no resulta posible atender a esta pretensión al no haberse acreditado la realización de acto alguno de producción por la sociedad ni se desprende de la documentación aportada con la demanda consistente en recortes de prensa de noticias relacionadas con eventos musicales, fiestas y reuniones de artistas y sus sociedades y la sociedad alegada era ajena a la comprobación inspectora que nos ocupa y fue objeto de distintas actuaciones inspectoras.

El TSJ de Madrid, en su Sentencia de 11 de enero de 2024, analiza si es correcta la utilización de una sociedad por parte de su socio y administración para la actividad de creación de obras musicales.

En los ejercicios objeto de comprobación inspectora, la sociedad recurrente, carente de medios personales y materiales para la prestación de los servicios personalísimos de creación de las obras musicales de su socio principal y administrador único, cuyos derechos de autor le fueron previamente cedidos, prácticamente se limitó a cobrarlos de SGAE, sin pagarle cantidad alguna y sin añadir valor alguno.

Estos hechos fueron comprobados y constatados por la Inspección dentro del plazo de prescripción, de manera que se cumplen los requisitos objetivos, subjetivos y temporales legalmente previstos para las operaciones vinculadas.

Una vez constada la existencia de la operación vinculada y de la nula retribución satisfecha al socio por sus servicios, la Inspección procedió a su valoración a precio de mercado entre independientes por el sistema libre comparable, tomando el comparable interno que consistió en los importes percibidos por la sociedad por esos mismos servicios corregidos con los gastos necesarios para su obtención.

La recurrente considera que este método de valoración no es correcto puesto que la sociedad contaba con medios personales y materiales incluidos estudios de grabación y sonido para la prestación de los servicios de producción y creación musical sin que fuera la razón esencial de la contratación la música creada por el socio sino un elemento más.

A continuación, reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés tributario publicadas en los distintos boletines oficiales durante la primera quincena del mes de abril.

Durante la primera quincena de abril 2024, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés. Además de las sentencias que se reseñan a continuación al final se incluye un nuevo auto en el que se plantea al Tribunal la incidencia en el Impuesto sobre Patrimonio  de la STJUE de 3 de septiembre de 2014, asunto C-127/12 (NFJ054901) que declaró la incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea del tratamiento que la Ley 29/1987 (ISD) otorga a los no residentes en España.

• El TJUE resuelve que la Directiva IVA no se opone a una normativa nacional que establece que el incumplimiento de la obligación de registro a efectos del IVA conlleva la inaplicación de la exención y el nacimiento de una deuda de IVA
• El TJUE resuelve que el principio de efectividad se opone a una normativa nacional que no permite al consumidor final solicitar directamente al Estado miembro el reembolso del impuesto recaudado infringiendo el Derecho de la Unión
• El TJUE resuelve que los arts. 44 y 45 CAU no se oponen a una normativa nacional que establece la ejecutividad inmediata de las sentencias que aún no han adquirido firmeza cuando se refieren a recursos propios tradicionales de la Unión
• La decisión de un casino de usar solo un número de mesas a lo largo del ejercicio, no es ni una variación de orden físico, ni económico, menos aún jurídico a efectos del IAE cuyo objeto es gravar la mera actividad económica con independencia del resultado
• El tribunal acuerda mantener como urbano en el Catastro un terreno pero ante la falta de desarrollo y cumplimiento de los deberes urbanísticos, a efectos del IBI debe valorarse como rústico
• El TSJ de Castilla la Mancha no admite como gasto deducible en el IS los consignados en las facturas de adquisiciones de suministros, ya que éstas son irregulares pues muchas no detallan los materiales suministrados ni los precios unitarios
• No existe actividad económica de arrendamiento de inmuebles a efectos de IRPF, pues no figura contrato de trabajo ni tampoco se acredita la existencia de carga de trabajo suficiente para dedicar a tiempo completo una persona a su gestión
• Se acredita suficientemente el pago del impuesto en otro país (Bangladesh) al objeto de aplicar la deducción por doble imposición internacional en el IS respecto a los ingresos por la cesión de derechos de propiedad industrial (royalties)
• El TSJ de Castilla y León considera que la recurrente ha acreditado que su administrador realiza funciones que sin duda exceden de lo que se ha de considerar como las inherentes al cargo de administrador
• El cambio de titularidad a efectos del IVPEE de una central hidráulica y el cese en la actividad de producción de energía eléctrica debe comunicarse mediante el Modelo 588, no siendo suficiente para ello el Modelo 036 de baja en el censo de empresarios

Considera la Sala que debe accederse a la anulación de la liquidación por regularización por el uso de los inmuebles y no simple retroacción. Sin perjuicio de que le cabe a la Administración liquidar de nuevo, siempre y cuando su potestad no haya prescrito.

El TSJ de las Islas Baleares, en su Sentencia de 31 de enero de 2024, analiza dos cuestiones distintas. Por un lado, si procedía la retroacción de actuaciones ordenada por el TEAR de las Islas Baleares y por otro lado si resultan acreditados los ingresos no justificados regularizados por parte de la Administración.

En relación a la primera de las cuestiones planteadas, comienza la Sala recordando que la sociedad titular de una serie de inmuebles cedió el uso y disfrute gratuito de los mismos tanto sus socios como familiares de éstos, sin que dicha cesión se ajustase al valor de mercado. Y la Inspección estimó que el valor de mercado, como mínimo, podría razonablemente corresponderse con el alquiler de dichos inmuebles es de 32.824,00 euros en 2016 y de 42.438,57 euros en 2017, emitiendo liquidación conforme a dichos valores.

Ahora bien, el sujeto pasivo interpuso reclamación económico-administrativa interesando que se anulase la valoración al haberse determinado el valor de mercado siguiendo un método incorrecto al considerar que la base imposible es igual a la renta de alquiler sin admitir sustracción de gastos.

El TEAR estimó la argumentación referida a la deficiente valoración acordando la retroacción de actuaciones para que "la Administración motive suficientemente el valor de mercado del arrendamiento".